superior (jóvenes de 16 a 18 años) reciben la atención educativa”. La proporción podría ser incluso menor porque la matrícula incluye estudiantes menores de 16 años o mayores de 18. Pero, más que la exactitud del indicador, preocupa el grado de exclusión que implica: en el futuro próximo ni siquiera la mitad de la población de jóvenes en la fuerza laboral contarán con instrucción superior a la obligatoria. Peor cuando apenas seis de cada diez de los inscritos concluyen el ciclo.
Si, como se menciona en el Informe, “el avance tecnológico y el desarrollo del conocimiento de la sociedad contribuyen a exigir niveles de preparación cada vez más altos para poder desempeñarse tanto en la vida cotidiana como en la profesional”, entonces los resultados de la enseñanza media superior son insuficientes. Más aún si consideramos el presente de millones de adolescentes al margen de la educación. ¿Qué otras oportunidades de desarrollo personal se les ofrecen hoy para integrarse productivamente a la sociedad?
Cierto que el Informe comenta acciones para contrarrestar los problemas de cobertura y eficiencia. Por ejemplo, el programa de becas (más de 400 mil otorgadas a estudiantes del nivel), el impulso a modalidades abiertas y a distancia, la nivelación de estudiantes de nuevo ingreso, y otros. Sin rebatir sus ventajas, tales acciones no bastan para salvar la brecha entre las necesidades de formación de los jóvenes y las oportunidades educativas disponibles.
Para acercarse a los propósitos de calidad del Programa Nacional de Educación (PNE), la enseñanza media superior a cargo del Estado ha establecido un esquema de desarrollo curricular, la implantación de tecnologías informáticas, y mecanismos de profesionalización y actualización docente. La reforma curricular, meollo de la transformación, es gradual en los subsistemas del nivel, se basa en la adquisición de competencias de aprendizaje y laborales, y se inició en la pasada administración con la reforma del CONALEP. Con todo y ser encomiable el enfoque de pertinencia implícito, habrá que esperar a ver si éste redunda en mejores niveles de inserción académica y laboral de los egresados, y si el nuevo modelo es aplicable al currículum de instituciones autónomas y particulares.
El Informe también contiene resultados parciales de los programas de actualización del profesorado y sobre el desarrollo de medios. Pero queda sin tratarse un tema fundamental: la falta de una apropiada coordinación. En el diagnóstico del PNE se reconoce la proliferación de modelos y se propone la creación de una instancia en la SEP “que diseñe y coordine políticas para impulsar el desarrollo de la educación media superior” (p. 178). Cabe recordar que el problema es añejo. En varias ocasiones se ha buscado solucionar por diferentes vías; la más significativa, la Coordinación Nacional para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior, CONPPEMS (1990), que establece la posibilidades de concertación entre los sectores gubernamental, autónomo y privado.
La actual propuesta gubernamental, que sigue el lineamiento del PNE, es la Coordinación General de Educación Media, incluida en el reciente Reglamento Interior de la SEP (DOF, 20 de diciembre 2002). Conforme a la norma, el nuevo organismo tendrá facultades para desarrollar la política educativa del nivel, para organizar las relaciones entre la SEP y otras instituciones, y para “establecer la coordinación que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones con las unidades administrativas de la Secretaría que operan planteles en donde se imparte educación del tipo medio superior” (Art. 16). Hasta ahora, la Coordinación existe en el papel, por lo que es prematuro valorar su potencial (véase Comunicado 94, 13 de febrero 2003).
Llama la atención que en lugar de crear una instancia ejecutiva, por ejemplo una subsecretaría, la SEP haya optado por preservar la estructura funcional que distribuye la responsabilidad del bachillerato entre las subsecretarías de Educación Superior y de Educación Tecnológica. La creación de “coordinaciones”, como se experimentó en el rediseño de la administración pública federal a principios del sexenio, ofrece pocas posibilidades porque enfrenta atribuciones exclusivas de las instancias que pretende vincular. En realidad, la nueva SEP ya perdió, en éste y otros terrenos, la oportunidad de reconstruir su estructura burocrática, condición ineludible para modificar el sistema de educación pública.
En educación superior los resultados contenidos en el Informe son interesantes. En materia de ampliación de la cobertura se comunica que “en el ciclo escolar 2002-2003, se atendieron en las diferentes instituciones de educación superior a más de 2.2 millones de estudiantes, casi 90 mil alumnos más con respecto al periodo anterior, lo que equivale a un incremento de 4.2 puntos porcentuales.” Conviene desglosar la cifra para interpretar su significado.
Del incremento total (89,716 estudiantes) sólo 61,296 corresponden al sistema público. Si a ellos se restan las pérdidas de la enseñanza normal (9,398 estudiantes menos en el año), quedan 51,898 estudiantes, que equivalen al 58 por ciento del incremento anual. Además, para apoyar la ampliación de la oferta de las universidades estatales, la SEP dispuso un nuevo programa, con recursos para proyectos de ampliación justificados. Mediante el programa, en 2002 se crearon 38 mil trescientas plazas de nuevo ingreso, cifra que, sin restarle importancia, está lejos de resolver la presión de la demanda social sobre las universidades públicas en los estados.
En la licenciatura, que concentra casi el 85 por ciento de la educación superior en México, las instituciones públicas aumentaron su matrícula total 57,421 estudiantes, mientras que las privadas lo hicieron con 43,708 estudiantes. Esta pauta reafirma que el sector privado mantiene un mayor dinamismo en la oferta de estudios profesionales. En efecto, mientras que el segmento público tuvo un crecimiento anual de 4.6 por ciento, el segmento privado creció 7.6 por ciento. En cambio, en el postgrado se nota una cierta reanimación de la oferta pública, la cual registró un incremento de casi cinco puntos porcentuales en el año contra 3.6% del segmento privado. No obstante, la proporción de postgrados privados continúa siendo significativa, superior al 40 por ciento de la matrícula total del nivel.
Según el Informe, para aumentar la matrícula pública se crearon en el año 26 nuevas instituciones. De ellas, ocho universidades tecnológicas, ocho institutos tecnológicos, tres universidades politécnicas, y nueve universidades públicas. La nuevas universidades públicas consignadas son: dos sedes de la Universidad del Mar (Huatulco y Puerto Escondido), dos sedes de la Universidad del Istmo (Ixtepec y Tehuantepec), dos sedes de la Universidad del Papaloapan (Loma Bonita y Tuxtepec), la Universidad de la Sierra Sur (Miahuatlán), la Universidad de Teotitlán (Cañada Mazateca), todas ellas en Oaxaca. Además, la Universidad de la Sierra en Sonora.
Es claro que prevalece, en la óptica del Estado, una visión favorable a la educación tecnológica como medio para diversificar la oferta profesional. Menos evidentes son las razones por las cuales el gobierno federal está impulsando la creación de pequeñas universidades públicas en algunos estados de la República. Asimismo, en el panorama de la educación superior han aparecido dos nuevas modalidades: las universidades politécnicas, ya en operación, y las flamantes “universidades interculturales bilingües”, las primeras dos iniciarán labores en 2003. Al tratarse de opciones nuevas, conviene esperar sus primeros resultados para apreciar sus posibilidades y límites. Desde los noventas la SEP ha construido un esquema de distribución de recursos extraordinarios basado en la asignación de fondos a las instituciones que formulen programas en aspectos como: formación de recursos académicos, equipamiento, y programas de investigación o docencia. Este modelo, complementario del subsidio, se ha reforzado en la actual administración mediante el Programa